ENRIQUE FERNÁNDEZ SÁNCHEZ en el mundo
El 14 de abril, el profesorado andaluz tiene una cita trascendental.
Está en juego la posibilidad de seguir ejerciendo su
profesión: enseñar. No se trata, pues, de una reivindicación
relacionada con mejoras salariales o laborales: los docentes
solicitan simplemente eso, que les dejen enseñar. Al igual
que una movilización de médicos para que les permitan curar
o de bomberos, apagar incendios, se trata de una demanda
que trasciende el ámbito específico en que se plantea: es
un asunto de interés general; incluso del más alto nivel, ya
que no es posible la democracia sin una educación que promueva
la ciudadanía crítica y la igualdad de oportunidades.
El motivo de esta nueva movilización es la inminente aprobación
de un Reglamento de Organización (ROC) que acoge
y amplifica los errores cometidos en las dos últimas décadas.
El contexto para comprender la norma es la irrupción
de una serie de datos categóricos. La cumbre de la UE en
Lisboa fijó como objetivo para 2010 que un 85 por ciento de
los jóvenes de entre 18 y 24 años tuvieran estudios post–obligatorios.
Andalucía está a 32 puntos porcentuales: 53,4 por
ciento.Más de tres de cada diez alumnos andaluces abandonan
las aulas sin haber obtenido ninguna titulación. Somos
la comunidad con mayor índice de repetidores en ESO.
La respuesta de la Consejería de Educación es arrogarse
el control (estadístico) del fracaso escolar (convirtiéndolo así
en estructural, en elemento mismo del sistema). Para ello comienza
neutralizando a quienes tienen noticia directa del
fraude, los docentes, a través de una tupida red de puniciones
y recompensas completamente ajenas a cualquier mérito
no derivado del servilismo.
El eje transversal de este ROC supone la intrusión de la política
en el ámbito académico, lo cual constituye no sólo una
perversión de la enseñanza sino también del propio Estado de
Derecho. El ROC consagra la figura de un director plenipotenciario,
que no tiene precedente ni siquiera en el franquismo.
Más grave que la sobredotación de competencias es el hecho
de que pueda ejercerlas allí donde carece de la mínima aptitud.
De manera análoga a una norma que concediera al jefe
del Estado potestad para decidir los premios Cervantes, el
ROC otorga al director capacidad para nombrar y cesar a los
jefes de departamento y de área de competencia, decidir quién
imparte correctamente sus clases, determinar el perfil de las
vacantes... Todo ello sin ningún criterio objetivo al que someterse.
De la hegemonía de la ley a la ley de la hegemonía.
El planteamiento es deletéreo pero conexo: el director se
convierte en una suerte de comisario político, un quintacolumnista
que tiene como misión garantizar las estadísticas
(re)queridas. La Consejería, a cambio, le concede holgadísimos
poderes y le recompensa con un acceso casi directo al
cuerpo de inspectores.
Paralelamente crea un departamento de contenido imposible:
Formación, Evaluación e Innovación educativa, que vigilará
las «buenas prácticas docentes» y prescribirá las correspondientes
medidas correctoras. Como si a un especialista
en traumatología le encargaran la fiscalización de las
buenas praxis sanitarias de oncólogos o endocrinos.
Los departamentos didácticos constituyen los pilares de
transmisión cultural, el lugar donde maridan enseñanza y
conocimiento. Ahora quedan subsumidos en estructuras vacías,
las macroáreas de competencia, diseñadas para succionar
todo contenido disciplinar. La existencia de estos departamentos
depende del claustro. Se trata de otra inmersión
vertical en la arbitrariedad, pues el profesorado deviene en
juez y parte. Cada uno defenderá la existencia de su departamento,
pero, como éstos son numerus clausus, la consecuencia
inevitable será la fractura del claustro, transmutado
ahora en espacio de alianzas, intrigas y disputas. Divide et
impera.
La insistencia en la «autonomía pedagógica» de los centros
constituye un subterfugio para solapar la única verdadera
autonomía: la del director. Y para velar que el propósito
último es descender los niveles hasta la cuadratura estadística
prefijada. Por lo demás, es profundamente
reaccionario que los objetivos educativos dependan del lugar
donde se enseña. ¿También habrán de adaptarse los objetivos
sanitarios y conceder el alta a personas enfermas procedentes
de entornos marginales?
El modelo que emana de este ROC no es sólo antidemocrático
sino también antijurídico. En primer lugar porque
sustrae a la regulación legal decisiones de extraordinaria relevancia,
pero además porque violenta el sentido mismo de
la función pública. Ésta nace, desde mediados del XIX, para
salvaguardar el bien público del dominio de la clase política
y del favoritismo a sus fieles. Esto es justo lo que el ROC
pretende disolver: la existencia de un funcionariado regido
exclusivamente por criterios profesionales e independientes,
objetivos y neutrales.
Por eso constituye un imperativo cívico oponerse a una
norma que no sólo acelera el declive de la enseñanza, sino
que constituye un verdadero agujero negro en el sistema democrático.
Enrique Fernández Sánchez (presidente de PIENSA), Carlos Rodríguez
Estacio (presidente de la Asociación Trescatorce), David López
Sandoval (portavoz de Deseducativos) y Francisco Javier García
Moreno (portavoz AASI).
